Michoacán: incompetencia federal

Dentro de la alarmante situación de inseguridad que vive el país, desde por lo menos hace dos sexenios -pero que se ha visto agravada de manera exponencial a partir del gobierno de Calderón- resulta interesante analizar el tema de las autodefensas populares que se han venido generalizando en algunos estados del país.

Ante la probada inoperancia de los cuerpos policiales al servicio del estado y el desinterés del mismo por garantizar los derechos básicos de la población como lo son: la vida, la seguridad, el trabajo, la educación, entre otras. Las autodefensas surgen y se consolidad como cuerpos civiles armados que responden a las constates amenazas y abusos que el narco perpetua en tierra de nadie.

El primer punto de análisis que es necesario tratar, por su importancia a nivel de omisión y abdicación gubernamental, es el de la incapacidad del Estado para hacerse cargo de la seguridad pública, que alienta la proliferación de organizaciones armadas irregulares en diversas regiones del territorio nacional. En este sentido, las autoridades federales, estatales y municipales, desde el sexenio antepasado y en el primer año del presente, han sido omisas al avance sistemático de las organizaciones criminales que han tomado control de importantes localidades del territorio michoacano provocando una suerte de ingobernabilidad que se generaliza de manera preocupante.

Es posible que poner remedio a las consecuencias de esta actitud omisa sustituyéndola por una irresponsable abdicación de las obligaciones gubernamentales en materia de seguridad, solución extremadamente pragmática y coyuntural, contribuya a calmar a corto plazo la convulsionada situación michoacana; pero coloca a la ciudadanía del país en general en la perspectiva de organizarse en grupos armados como única forma de enfrentar a la delincuencia y, en última instancia, de obtener cierta atención de las autoridades.